Las maniobras de la Generalitat no evitarán, desde luego, que la Fiscalía anticorrupción y la acusación de la FAVB señalen el -digamos “presunto”- cobro de comisiones de Convergència. No lo harán, en cambio, ni el Consorcio -el órgano público- ni la Fundación —el privado- del Palau. La Fundación argumentó que no es posible acusar de un delito a alguien a quien no se ha señalado en el escrito de acusación provisional; el consistorio encargó un informe al penalista Juan Córdoba. El informe echa por tierra ese argumento.
Rebelión (18.05.2017)
