La ASEC/ASIC llama a sus miembros, colaboradores, simpatizantes y a toda la clase trabajadora de Cataluña a oponerse firmemente a la llamada “Ley Aragonès” por ser profundamente antisocial y responder a intereses que le son ajenos y opuestos
La Comisión Gestora de la Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC/ASIC), en fecha 17 de julio de 2019, decidió emitir el siguiente comunicado:
Comunicado ASEC/ASIC (17.07.2019): Aturem la Llei Aragonès! ¡Paremos la Ley Aragonès! No es ni mucho menos la primera vez que el neoliberalismo económico, en su objetivo de destruir el Estado Social y Democrático de Derecho mediante contrarreformas paulatinas, utiliza el pretexto diametralmente contrario a la meta que realmente está persiguiendo con el fin de enmascarar cada una de sus operaciones contra la democracia.
Tampoco es la primera ocasión en la que el nacionalismo tira la piedra y esconde la mano; culpa a otras instancias políticas y sociales de lo que el nacionalismo no solo es responsable directo sino que lleva al extremo o adelanta en su aplicación.
Es lo que está pasando en Cataluña con la “Ley de contratos y servicios a las personas”, conocida popularmente como “Ley Aragonès”; mientras el Govern legisla sobre materias que no le corresponden, como el alquiler de viviendas, con la finalidad de que los dos partidos que ocupan el Palau de la Generalitat ganen algunos adeptos entre las clases populares ante unas eventuales elecciones autonómicas, urde por lo bajo –y esta vez en serio– la ley catalana más antisocial desde la Llei d´Educació de Catalunya (LEC).
Con el argumento de organizar y regular la licitación de externalizaciones de los servicios públicos en los sectores de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, redacta un verdadero inventario de prestaciones y servicios que quedarán expuestos a la externalización o tercerización; abre la veda, en definitiva, a las externalizaciones y, en consecuencia y como ya todos deberíamos saber, a la progresiva privatización de unos ámbitos que son los pilares del Estado del Bienestar, sectores estratégicos, además de derechos fundamentales, que el Govern está poniendo a la venta.
El pretexto regulatorio es lamentable por cuanto, de momento, las prestaciones que ya han sido externalizadas son mínimas, pero el recuento que establece la ley –una buena parte del contenido de la misma– se encarga de ampliar extensamente el espectro y de hacerlo mediante un redactado caracterizado por un confusionismo y una ambigüedad que sirvan para estirar todavía más la posibilidad de traspasar estos servicios a empresas privadas. En realidad, la “Ley Aragonès” no es otra cosa que la cobertura legal del reparto por parte de estos negocios particulares de lo que hasta ahora habían sido derechos sociales; ordena y confirma el carácter legal de lo que ya está en manos del sector privado y hace lo propio con otras prestaciones que, a su vez, van complementándose de manera programada con otras que les sucederán y se les sumarán.
Estamos hablando, por tanto, de una agenda neoliberal estricta por parte de ERC que, sin embargo, comete la cobardía de poner como excusa las exigencias de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, así como la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, pero resulta que la Directiva europea lo que hace justamente es avalar que sea el sector público quien se encargue de estos servicios y que puedan utilizarse convenios y conciertos en la prestación de los mismos para evitar el lucro económico. Por su parte, la ley española se limita a referir la Directiva europea y a dejar que sean las CCAA las que decidan cómo gestionar esta materia.
El ejemplo de lo que va a suceder si la “Ley Aragonès” sale adelante la tenemos en las externalizaciones que ya se han producido, un ejemplo vivo y sangrante de degradación del servicio con el subsiguiente perjuicio causado a las personas que lo reciben, un deterioro bien palpable de las condiciones laborales de los profesionales y, en estrecha vinculación con ambos aspectos, como siempre sucede, la opacidad e ineficiencia de la gestión, la corrupción. Es un sarcasmo pretender mejorar la situación de los trabajadores mediante esta ley cuando se revela tal aparente ignorancia sobre lo que está pasando en el sector. En relación con el modelo de colaboración-público privada, el Tribunal de Cuentas Europeo fue taxativo en el informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el 20 de marzo del presente año.
Es por todo lo anterior que la ASEC/ASIC llama a sus miembros, colaboradores, simpatizantes y a toda la clase trabajadora de Cataluña a oponerse firmemente a la llamada “Ley Aragonés” por ser profundamente antisocial y responder a intereses que le son ajenos y opuestos.
Aturem la Llei Aragonès! ¡Paremos la Ley Aragonès!
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[NOTA | ASEC/ASIC.- desde nuestra organización hemos abierto un blog “Paremos la Ley Aragonès” contra la aprobación de la misma. Puedes enviar tu adhesión, como entidad o a título individual, a la dirección de correo electrónico siguiente: noalaleyaragones@gmail.com ]
