La primera obligación de un estado es, sin duda, la de proteger a sus nacionales, y el estado español está demostrando en este último año su incapacidad absoluta para proteger a más de la mitad de su población, que están siendo asesinadas, en un aumento exponencial del número de feminicidios mientras los y las responsables políticos observan impávidos el sangriento espectáculo. Cuando eso pasa, es que estamos ante un estado fallido que no es capaz de cumplir sus más mínimas obligaciones de seguridad.
El Taquígrafo (20.09.2019)
