La situación en Cataluña necesita de un diálogo institucional que precisa de un Gobierno español democráticamente elegido y que pasa, ineludiblemente, porque el secesionismo abandone la unilateralidad, aceptando los instrumentos que la legalidad vigente ofrece a toda la ciudadanía y la realidad social plural existente en la Comunidad autónoma catalana
La Comisión Gestora de la Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC/ASIC), en fecha 17 de octubre de 2019, decidió emitir el siguiente comunicado:
Comunicado ASEC/ASIC (17.10.2019): De apoyo a la independencia judicial. Por lo que hace a la Sentencia núm. 459/2019, de 14 de octubre de 2019, del Tribunal Supremo en relación al proceso soberanista de Cataluña que se extiende del año 2012 al 2019 (conocido coloquialmente como el Procés catalán) cabe, fundamentalmente, diferenciar a priori dos ámbitos de análisis: el judicial y el político.
Respecto al primero, nos remitirnos y hacemos nuestro el contenido del Comunicado en relación con la Sentencia del “Procés” que emitió el Secretariado de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia; exponente destacado del cual es el siguiente párrafo: “Queremos destacar, como asociación judicial, que el juicio se ha realizado en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas las partes. A este respecto se ha practicado un amplio abanico de pruebas que han sido sometidas a la contradicción de los intervinientes y han sido valoradas en la sentencia por un tribunal cuya independencia, imparcialidad y nivel técnico no son cuestionables. Hay que señalar que en nuestro sistema judicial existen suficientes instrumentos para encauzar la crítica jurídica a la sentencia y los afectados podrán presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH], instancias que tendrán la última palabra”.
Esta última instancia supranacional que es el TEDH, sin parangón a nivel internacional, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en casi toda Europa. Ni siquiera los condenados o sus defensores han puesto en cuestión su autoridad a este respecto.
Resulta del todo incuestionable, a la luz de lo anterior, que lo que en esta sentencia se ha juzgado es la concurrencia de hechos tipificados como delito por el Código Penal vigente en España -en ningún caso la ideología de los condenados- lo que nos lleva a concluir que, contrariamente a la insistente propaganda de parte, se ha juzgado a políticos que en ningún caso cabía calificar de “presos políticos” sin faltar a la verdad.
Por su parte, por lo que hace al análisis político de la sentencia, cabe de entrada unirse al consenso generalizado que expresa que la situación en Cataluña necesita de un diálogo institucional que precisa de un Gobierno español democráticamente elegido y que pasa, ineludiblemente, porque el secesionismo abandone la unilateralidad, aceptando los instrumentos que la legalidad vigente ofrece a toda la ciudadanía y la realidad social plural existente en la Comunidad autónoma catalana. Lo anterior implica defender la igualdad de todas las personas ciudadanas de Cataluña sin discriminaciones de ningún tipo, fortalecer el protagonismo de las clases populares y su alianza con las del resto de España, defender los derechos sociales de toda la ciudadanía que deben estar por encima de cualquier otra consideración y apostar, de una vez por todas desde las instituciones autonómicas, por el respeto escrupuloso al pluralismo lingüístico existente en la sociedad catalana.
Es por todo ello y en conclusión que el poder político en Cataluña debe aprovechar el punto de inflexión que esta sentencia del Tribunal Supremo de España supone, acatándola sin ningún atisbo de resistencia -lo que no implica de forma acrítica- y ofreciendo al conjunto de la sociedad catalana fórmulas viables que reconduzcan la fractura social producida, permitan un mejor encaje territorial y aseguren el reencuentro de la senda de progreso que nunca debió abandonarse.
