Quizás, la relevancia de todo lo anterior se encuentre de forma prioritaria en la alegría con la que algunos políticos usan y abusan de lo público. Una concepción del poder que cree que el gobierno puede apropiarse de la Administración, incluso de aquellas instituciones que como las intervenciones generales tienen que actuar con total objetividad e independencia, al margen de los intereses partidistas. Actitud que hasta ahora había anidado principalmente en las Autonomías, pero que con Pedro Sánchez puede estarse contagiando a la Administración central. Buena prueba de ello es la utilización espuria a la que se ha sometido a la Abogacía del Estado, primero haciéndole cambiar la calificación en el juicio del procés y últimamente con el informe acerca de los anticipos a cuenta a las Autonomías. Esto también es corrupción, y de las más graves. Qué papelón el de la Abogada general del Estado.
República (24.10.2019)
