La salud es un derecho ciudadano y no una excusa para abonar, de nuevo, la cosmovisión nacional-secesionista. Por todo ello, ASEC/ASIC denuncia la deriva, cada día más servil y nacionalista, de un defensor del Pueblo, muy bien remunerado, al que se le debe exigir su inmediata dimisión.
#RafaelRibódimisión / #RafaelRibódimissió
La Comisión Gestora de la Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña (ASEC/ASIC), en fecha 11 de diciembre de 2019, decidió emitir el siguiente comunicado:
Comunicado ASEC/ASIC (11.12.2019): Ante las declaraciones del Síndic de Greuges (defensor del pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, atribuyendo a los pacientes de otras comunidades españolas un “sobrecoste” para la sanidad catalana, exigimos su dimisión. Son objetivos de la ASEC/ASIC recogidos en su Manifiesto fundacional el defender la igualdad de todas las personas sin discriminaciones derivadas de razones identitarias, sociales o lingüísticas; el fortalecer el protagonismo de las clases populares, oponiéndonos a todo aquello que pueda fomentar su división, tanto en el ámbito catalán como en el resto de España; y el defender los derechos sociales de toda la ciudadanía (trabajo digno y bien remunerado, vivienda asequible, sanidad pública, educación pública, pensiones justas, ayuda a las personas dependientes y a los sectores vulnerables, etc.), que deben estar por encima de cualquier otra consideración.
Resulta en consecuencia completamente opuesto a lo anterior la línea de actuación que viene practicando el Síndic de Greuges (defensor del pueblo) de Cataluña, Rafael Ribó, que cada día que pasa es más un defensor de la Administración frente al pueblo y no, como debería ser, del pueblo ante la Administración. El pasado 9 de diciembre en un programa radiofónico señaló:
“La sanidad en Cataluña tiene una calidad excelente. Se lo puedo garantizar. La prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a intervenirse aquí. Yo no sé si es la lista de espera más larga, depende de cómo lo enfoquemos, lo que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene aquí a operarse. ¿Por qué? Porque hay un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede estropear, con unos profesionales que están poniendo lo mejor de ellos…”
La sanidad en Cataluña está fuertemente deteriorada, como sabe cualquier persona informada, por los recortes y por la política contraria a la sanidad pública que encabezó Boi Ruiz en los primeros gobiernos de Artur Mas y han seguido sus sustitutos al frente de la conselleria. Poner el acento, como hizo Rafael Ribó, en las operaciones que, con todo derecho, se realizan en nuestros hospitales a personas de otras comunidades españolas es agitar vientos de falsedades y separaciones insolidarias, confundir de nuevo con el “España nos roba” de la forma más vil y más abyecta imaginable.
El importe dedicado a sanidad por el gobierno de la Generalidad de Cataluña representa el 5,2% del PIB catalán y un 11,6% menos per cápita sobre la media de España. La media en la UE-15 es del 7,5% del PIB. La parte del presupuesto destinado a la sanidad privada-concertada por el gobierno catalán es el 25% del total, la comunidad que porcentualmente más destina a esta partida seguida por Madrid a bastante distancia. Unos 2.500 millones de euros en 2018 en el caso de Cataluña, unos 1.000 millones en Madrid. Sigue Andalucía con 400 millones.
El sistema de salud prevé intercambios para necesidades sanitarias (por ejemplo, determinados trasplantes o procedimientos muy específicos se efectúan en centros de Madrid o Barcelona principalmente, por contar con servicios muy especializados lo que comporta beneficios para Cataluña como tener un claro superávit en trasplantes de órganos a costa del resto del Estado). El déficit catalán en estos “intercambios sanitarios” (compensados por el Ministerio de Sanidad o por las comunidades de origen de los ciudadanos operados o tratados en Cataluña) es de unos 180 millones de euros en 9 años, unos 20 millones por año. Los hospitales públicos de Cataluña han señalado que solo el 1% de las personas operadas a lo largo del año son ciudadanos de otras comunidades.
Cataluña tiene a 168.108 pacientes en lista de espera para operarse, el mayor número desde hace siete años. La autonomía lidera la clasificación del número de enfermos que aguardan una intervención por cada mil habitantes, con una ratio de 23,32, por delante de Extremadura (21,01) y Castilla-La Mancha (19,07).
Globalmente, el tiempo medio de espera para pasar por quirófano era de 146 días, según datos del Sistema Nacional de Salud (SNS). De nuevo, la región queda en mal lugar cuando se compara este dato con el del resto de comunidades autónomas. Solo en Andalucía (164) y Castilla-La Mancha (149) esperan más los pacientes para someterse a una intervención en un hospital público.
En este sentido, los profesionales sanitarios -médicos y enfermeros- directamente han acusado a Rafael Ribó de mentir y de decir barbaridades: recuerdan que los problemas de la sanidad catalana son “por falta de inversión” de la Generalidad y en ningún caso por pacientes de otras autonomías.
A la vista de lo anterior, solo son posibles dos explicaciones y las dos son incompatibles con la condición de Síndic de Greuges: desconocimiento de la realidad o la connivencia con el nacionalismo catalán que traspasa siempre las responsabilidades de lo que pasa en esta Comunidad al conjunto del Estado.
Recordemos que según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Síndic de Greuges “ejerce sus funciones con imparcialidad e independencia”; y que según la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges, este “vela por la protección y la defensa de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, por el Estatuto y por las correspondientes normas de desarrollo, así como por la protección y la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes”.
La salud es un derecho ciudadano y no una excusa para abonar, de nuevo, la cosmovisión nacional-secesionista. Por todo ello, ASEC/ASIC denuncia la deriva, cada día más servil y nacionalista, de un defensor del Pueblo, muy bien remunerado, al que se le debe exigir su inmediata dimisión.
