DENUNCIA | CRISOL: La vertiente social de la discriminación lingüística en Cataluña (PDF)

ASEC/ASIC participa en CRISOL

1. Aunque en Cataluña conviven dos lenguas oficiales muy mayoritarias(1), el catalán (lengua materna del 31% de su población) y el castellano (lengua materna del 55% de su población), desde las instancias oficiales catalanas, hegemonizadas por gobiernos nacionalistas durante décadas, se ha expulsado progresivamente a la lengua materna de la mayoría de catalanes del espacio público: administraciones, medios de comunicación, enseñanza y sanidad… hasta lograr hacer residual su uso en esos ámbitos.

(1) También se habla una variante de la lengua occitana que, en el Valle de Aran, recibe el nombre de aranés y que es la lengua materna de menos de 3.000 personas (un 34% de su población).

2. Un caso paradigmático es el de la denominada “inmersión lingüística” obligatoria en catalán en la enseñanza, lo que supone que en la práctica la lengua castellana apenas es utilizada en la escuela pública catalana recibiendo un tratamiento similar al de una lengua extranjera.

Sin embargo, aunque “el uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres, a los hombres y a sus sociedades”(2), en Cataluña no se aplica a la mayoría lo que en otros estados de nuestro entorno se respeta para las minorías. Además, la inmersión lingüística obligatoria sólo se aplica como tal en Cataluña (en ninguna otra parte del mundo); pues, este sistema internacionalmente sólo se considera apropiado cuando cuenta con el visto bueno de los padres y es de uso voluntario (no obligado, como pasa en Cataluña).

Frente a lo anterior, la respuesta de los sucesivos Gobiernos de la Generalidad de Cataluña ha sido beligerante en los tribunales; lo que ha supuesto en la práctica que aquellos padres que deseaban que sus hijos pudieran estudiar según criterios pedagógicos, en su lengua materna, hayan tenido que enfrentarse a interminables procesos judiciales y al señalamiento social al que finalmente son sometidos favorecido por las instancias públicas catalanas.

Los sucesivos Gobiernos del Estado no han revertido esta situación, fundamentalmente, porque el sistema electoral español hace esencial el concurso de nacionalistas catalanes y vascos para alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados.

(2) Texto de la UNESCO (la Organización de las Naciones Unidas para la Educación) pensando en las minorías lingüísticas.

3. Los estudios revelan que mientras el catalán es la lengua de la mayoría de las clases medias y altas, el castellano lo es muy fundamentalmente de la clase baja (esencialmente trabajadora) en Cataluña; por lo que, en la práctica, la discriminación por razón de lengua la sufren en última instancia las clases populares de esta comunidad autónoma.

Se constata por ejemplo que la inmensa mayoría de los miembros del Parlamento de Cataluña y de las altas direcciones de las administraciones públicas catalanas son de lengua materna catalana; lo mismo pasa en los centros de enseñanza pública catalanes y en los medios de comunicación sufragados con recursos públicos. Progresivamente se ha ido impulsando al catalán como “lengua de prestigio” en detrimento del castellano, mediante todo tipo de medidas (subvenciones, relegación premeditada e, incluso, el ostracismo social) que expulsaban, de facto, a quienes no se “integraban” aceptando la discriminación como inevitable.

Todo este estado de cosas contraviene la jurisprudencia de los Tribunales (TC y TS) que ha creado doctrina legal en el sentido de que la relación entre lenguas oficiales, en las autonomías con más de una, debe venir presidida por la “convivencia sin preferencias”; es decir, por su uso libre ya que son los ciudadanos los que ostentan el denominado “derecho de opción lingüística”, sin que las administraciones puedan expresar, directa o indirectamente, una preferencia por una u otra lengua. La Generalidad de Cataluña y la inmensa mayoría de administraciones locales contravienen conscientemente la Constitución, el Estatuto de autonomía y el Derecho vigente, en general.

4. Frente a lo anterior, desde las instancias políticas y administrativas catalanas, se insiste en que el catalán es un elemento de “cohesión social”; pero, no se muestra nunca ningún estudio que avale lo anterior ni se pregunta a los catalanes si están de acuerdo con la discriminación que se da respecto a una de las lenguas oficiales en Cataluña: el castellano.

Jamás se ha preguntado a los catalanes, a través de los medios de prospección demoscópica oficiales, sobre la cuestión del uso de las lenguas oficiales en la administración o en la enseñanza, seguramente porque la respuesta sería contraria a los intereses nacionalistas(3). Simplemente se impone un estado de cosas discriminatorio.

(3) Así lo concluyen diversas encuestas de iniciativa privada realizadas al respecto.

5. Todo lo anterior supone que la población de lengua materna castellana está sometida a la constante discriminación por motivo de lengua lo que implica mayores índices de fracaso escolar en la enseñanza, menores posibilidades de acceso a los puestos directivos en las administraciones públicas, menor peso relativo en las instituciones democráticas (Parlamento, diputaciones, comarcas y ayuntamientos), etc.

A lo anterior, se une la existencia de una barrera invisible con el resto de ciudadanos de España que les imposibilita en la práctica para poder acceder en condiciones de igualdad a los puestos públicos que se ofertan en Cataluña contribuyendo al aislamiento y a la consolidación de este estado de cosas que no está siendo revertido sino que avanza inexorablemente unido al proceso de secesión que preconizan las élites oligárquicas catalanas.

CRISOL (diciembre, 2020)