El consejero de Economía dice que el decreto ley tiene las garantías jurídicas necesarias
El Gobierno catalán ha aprobado este martes la creación de un fondo de cobertura de reclamaciones judiciales, de 10 millones de euros, y que cubre los supuestos de los exaltos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas. Los interesados solo pueden solicitar la ayuda si no hay sentencia firme, ha explicado el consejero de Economía, Jaume Giró. La titular de Presidencia, Laura Vilagrà, ha agregado que la decisión será tomada por decreto ley, que tendrá que ser validado por el Palament. Giró se ha mostrado confiado en que el mecanismo no implica cometer ningún delito de malversación y ha defendido que cuenta con todas las garantías jurídicas para tirar adelante. “No hay desplazamiento de dinero de la Generalitat”, ha dicho el consejero de Economía.
El Tribunal de Cuentas pide a una cuarentena de excargos de la Generalitat el pago de fianzas por 4,5 millones de euros, el dinero que el ente fiscalizador cree que se ha malgastado en la internacionalización del procesoindependentista. Giró ha explicado que los servidores públicos que crean que se pueden acoger a este fondo tienen que presentar una solicitud delante del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que después de comprobar los datos dará un contraval a una entidad financiera que sí dará el aval a los beneficiarios. No se ha querido revelar el nombre de cuál será ese banco. “No hay desplazamiento de dinero de la Generalitat en ningún momento, hasta que haya una sentencia en firme en contra”, ha añadido el consejero.
La garantía del fondo se mantendrá mientras no haya una sentencia firme “y no se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”, según la nota de prensa del Govern. El texto del decreto ley se conocerá mañana, una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Si se confirma la responsabilidad civil, las personas tendrán que devolver el dinero, así como los intereses y los cargos de gestión.
“En ese momento, la Generalitat reclamará a los afectados el dinero más los intereses”, ha explicado Giró. Vilagrà ha contado que el decreto ley (que tendrá que ser validado por la Cámara catalana, con mayoría independentista) busca cubrir las carencias de los seguros actualmente contratados. La reforma responde, ha dicho la consejera, al principio de indemnidad, es decir, la cobertura que pueden tener los trabajadores públicos en procesos administrativos o judiciales por actos derivados del ejercicio de su cargo.
Así, por ejemplo, el exconsejero de Cultura, Santi Vila, también podrá recurrir al fondo. Un tribunal de Huesca le pidió en febrero de este año, un aval de 216.000 euros como garantía de responsabilidad en la causa sobre los bienes de Sijena. El también exalcalde tuvo que entregar las escrituras de su piso.
El ICF es una entidad financiera que tiene a la Generalitat como único accionista y que fue fundada en 1985 con la misión de “impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido económico de Cataluña”. Su objetivo, según se detalla en su página corporativa, es “contribuir al crecimiento de la economía catalana actuando como complemento del sector financiero privado”.
El País (6.07.2021)