El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirla garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la “administración autonómica perjudicada”
[Enlace al Informe solicitado por el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado]
El Tribunal de Cuentas ha pedido este martes un informe a la Abogacía del Estado tras mostrar sus “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman a los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña por su presunta implicación en el procés independentista, según informaron fuentes del Tribunal. La decisión del Tribunal supone, por un lado, retrasar su decisión después de que el pasado jueves acordara paralizar los embargos de bienes que había acordado a primera hora de la mañana tras ser informado por los abogados de los ex altos cargos de la inminente llegada de la garantía. Y, por otro, obliga a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, a pronunciarse sobre los mismos.
El Tribunal justifica su decisión “ante las dudas suscitadas sobre la suficiencia y legalidad de los avales presentados por el Instituto Català de Finances, esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asumen directamente la propia Administración autonómica perjudicada”, en referencia a la Generalitat. El organismo fiscalizador quiere que, antes de pronunciarse, la Abogacía del Estado se pronuncie sobre “estos extremos”.
El president Pere Aragonès pasó el pasado sábado de puntillas sobre la polémica desatada por la forma cómo se aprobó, en el seno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el aval a los exaltos cargos de la Generalitat que el Tribunal de Cuentas investiga por supuestamente malversar dinero público para promover a nivel internacional el procés. El republicano, durante un acto en Terrassa (Barcelona), se limitó a expresar su agradecimiento a “todos los servidores públicos” por “el compromiso” con sus labores y soslayó el hecho de que tres consejeros independientes de esa entidad hayan abandonado el cargo antes de votar la aprobación de la garantía que avalaba la multa de 5,4 millones impuesta por el órgano fiscalizador.
El País (27.07.2021)
