En los momentos actuales se está produciendo un gran número de situaciones paradójicas y confusas con las que le ha tocado lidiar al juez Llarena. Todas ellas derivadas de la deficiente aplicación del artículo 155, tales como la de convocar inmediatamente elecciones sin tener sofocado el golpe de Estado. A ello me refería yo en los artículos escritos en estas mismas páginas el 2 de noviembre y el 28 de diciembre del año pasado. Rajoy tiene sin duda una parte de culpa, pero la misma o más corresponde a Albert Rivera y a Pedro Sánchez, que le empujaron a ello y que condicionaron su aquiescencia a este requisito. El primero, llevado por la idea de que las elecciones iban a ser ventajosas para Ciudadanos, como así ha sido; el segundo, tutelado por Iceta que no quería ni oír hablar de la aplicación del 155, y que solo accedió a condición de que su mantenimiento fuese por el periodo más corto posible. He dicho a menudo que el problema del secesionismo catalán no está en las formaciones políticas independentistas, sino en las constitucionalistas que son incapaces de actuar con firmeza.
República (5.04.2018)
