Suerte tenemos del Gobierno de España

La ampliación del Prat

Hubiera sido una desgracia que un proyecto estratégico tan importantes para el futuro de la economía catalana se hubiera ido al garete de entrada por falta de madurez política bajo el peso de ciertos tabús

Hay que celebrar que haya ganado el sentido común y que el proyecto de ampliación del aeropuerto siga su curso tras la reunión entre la ministra de Transportes, la socialista catalana Raquel Sánchez, y el vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts. Hace una semana, ERC y los Comunes votaron una moción en el Consejo del Área Metropolitana exigiendo tanto al Ministerio como a la Generalitat la retirada “sin condiciones” de los planes de AENA porque, entre otras razones, se “destruiría la Ricarda”. Luego les explicaré lo que dijo Richard Forman, padre de la ecología del paisaje, sobre esta laguna que algunos quieren convertir en intocable. Pues bien, aunque la propuesta no salió adelante gracias a la mayoría que ostenta el PSC en este órgano metropolitano, la abstención de Junts hizo temer lo peor. Hasta ahora el mayor riesgo es que la ampliación entrara en vía muerta por la negativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de El Prat, Lluís Mijoler, pero sobre todo por la indefinición del Govern, que se debatía entre posiciones encontradas, junto a la falta de liderazgo del president Pere Aragonès, que tampoco quería hacer enfadar a sus socios parlamentarios de la CUP.

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Atentos a la otra Isabel

Pero ahora hay otra Isabel en la política nacional a la que vale la pena también prestar atención. Se trata de la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. A los independentistas su nombramiento no les ha gustado nada, lo cual es la mejor prueba de que es la figura adecuada para ocupar el cargo, mucho mejor que el contemporizador Miquel Iceta.

Crónica Global (28.07.2021)

Malas segundas partes

La nueva ley de memoria histórica es redundante, innecesaria en muchos aspectos, y alimenta la guerra cultural en un tema cansino

Ante la dificultad para resolver los grandes problemas del país, que son los socioeconómicos en su sentido más amplio, la política española se enfrasca en guerras culturales. Dos ejemplos recientes. La ley trans, sobre la que escribí hace unas semanas y que me parece un dislate. Coincido con las feministas cuando denuncian que borrar el sexo biológico pone en peligro la base jurídica de las leyes de igualdad, y que la ideología transgénero puede acabar acelerando procedimientos irreversibles como la cirugía o la hormonación en adolescentes sin que reciban atención psicológica o médica. Ya había una ley de 2007 para la transexualidad,que podía mejorarse sin necesidad de este salto en el vacío hacia el transgenerismo. Que haya un clamor tan transversal a favor de la nueva ley en la encuesta de EL PERIÓDICO solo demuestra que muy poca gente sabe de qué va realmente, pues confunde lo trans con el reconocimiento de los derechos LGTBI. Visto así celebremos por lo menos que incluso los votantes de Vox la apoyen abrumadoramente (68%).

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El fracaso de Jaume Giró

Se suponía que la creación del fondo con 10 millones era otra genialidad del procesismo, pero la gran banca no ha querido saber nada

Que en pocas horas el ‘conseller’ de Economia decidiese cambiar de criterio y recurrir directamente a fondos públicos para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas (TdC) a los 34 ex-altos cargos del Govern por los gastos del procés muestra el fracaso del ardid inventado por Jaume Giró. Este oscuro personaje salió en su día por la puerta trasera de la Caixa, donde ocupaba una altísimo puesto directivo, cuando Isidré Fainé descubrió su apoyo secreto al independentismo mientras a los colegas del Ibex les decía otras cosas. Más tarde acabó en la candidatura de Joan Laporta para el Barça, aunque cuando llegó el momento de los avales, como nuevo directivo, hizo mutis por el forro con extrañas excusas. Finalmente, el notición fue que, tras la renuncia de Elsa Artadi a entrar en el Govern, Giró fuera propuesto por Junts para ocupar la crucial cartera de Economia. 

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Todo vale, todo mal

La dinámica política española es enormemente destructiva. Hace ya mucho tiempo que en España no hay asuntos de Estado. Ni la cuestión territorial, que hace años debería haber sido motivo de un gran pacto para reformar la Constitución, ni la memoria histórica, que se banaliza hasta límites vergonzosos, ni tampoco nuestra limitada política exterior. Todo se utiliza y se retuerce, como las palabras, para atacar al adversario, aunque la hemeroteca señale clamorosas contradicciones entre lo que se decía cuando se estaba en el Gobierno y lo que se afirma ahora desde la oposición. Por desgracia, todo vale, todo mal.

Crónica Global (21.07.2021)

La carpeta catalana, al congelador

Contra todo pronóstico, Sánchez desplaza a Iceta a Cultura y Deportes. Tras los indultos, no habrá nada más

20minutos (13.07.2021)

Descatalanizar la política española

Descatalanizar no implica que ERC no vaya a apoyar los Presupuestos de Sánchez para 2022. Eso ya lo pactó con Pere Aragonès en la Moncloa hace 15 días. ¿A cambio de qué? Pues, por ejemplo, el Gobierno no interpondrá recurso al Constitucional sobre el mecanismo que el consejero de Economía Jaume Giró ha diseñado para hacer frente a los embargos del Tribunal de Cuentas sobre el patrimonio de los 34 ex altos cargos de la Generalitat. A muchos nos huele a fraude de ley, a otro peligroso boquete en el Estado de derecho, pero para Sánchez “solo son negocios”.

Crónica Global (14.07.2021)

Un Constitucional sin sentido de Estado

El problema no es que la sentencia contra el estado de alarma castigue al Gobierno, sino que la vía que plantea es el estado de excepción, cuya aplicación es mucho más peligrosa para las libertades públicas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene mucha razón en su crítica al Tribunal Constitucional. Una exigua mayoría ha optado por enfangarse en un debate doctrinal con fuertes implicaciones partidistas (pues no olvidemos que el recurso fue interpuesto por Vox), en lugar de primar el sentido de Estado ante un escenario que nadie pudo prever antes. Pero lo más inquietante es que la alternativa que plantea para futuras crisis sanitarias es peor. La división entre los magistrados ha sido ideológica, aunque con notables excepciones, ya que ha habido dos miembros conservadores, el propio presidente, Juan José Rivas, y el vocal Andrés Ollero (exdiputado del PP), que han votado en contra de la ponencia de Pedro González-Trevijano, del ala más derechista del tribunal. En el otro lado, la profesora Encarnación Roca, que llegó al TC de la mano de CiU con el voto del PSOE, inicialmente dentro del bloque progresista, ha acabado apoyando la inconstitucionalidad de la aplicación del estado de alarma. Escisión ideológica, pero con matices. 

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