A la vista de los resultados del 23J y del clima de polarización de los últimos años, un observador extranjero concluiría que la posibilidad de volver a las urnas es casi inevitable. Y, sin embargo, no es este el ambiente que se respira. Parece que hay un deseo de pragmatismo en ambos lados.
Se necesita una ley de lenguas oficiales que cierre la querella sobre esta cuestión, reconozca los derechos lingüísticos de la ciudadanía y establezca las obligaciones de todas las administraciones
Todavía quedan muchas semanas por delante para que Pedro Sánchez afronte su hipotética investidura. Es pronto para saber qué puede pasar, ya que a priori no parece fácil que Junts vaya a entrar en una negociación que se ciña a cuestiones constitucionalmente posibles. Pero también es verdad que para Carles Puigdemont es muy tentador jugar a tener la llave de la gobernabilidad de España durante un tiempo, a fin de recuperar la hegemonía dentro del separatismo. Hasta entonces lo que tendremos son una sucesión de propuestas de cara a la negociación sobre las que puede valer la pena reflexionar. La primera ha sido realizada por Yolanda Díaz en nombre de Sumar sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Se trata de un antiguo debate que, si no queremos que se convierta en otro frente de críticas por parte de las derechas, en la medida que se plantee como una cesión para contentar a los independentistas, ha de afrontarse de una forma global, que no se limite a la cuestión del uso del catalán/valenciano, gallego y vasco en la Cámara baja. Porque, en efecto, España necesita una ley de lenguas oficiales, que cierre la querella sobre esta cuestión, y reconozca los derechos lingüísticos de la ciudadanía y establezca las obligaciones de todas las administraciones.
En definitiva, los dos partidos centrales han salido reforzados, tanto Vox como ERC se han hundido, la CUP ha desaparecido, y Junts también cae en votos y pierde un diputado, aunque tenga ahora la llave de la investidura. Objetivamente, no es un mal resultado para gobernar y legislar desde una mayor sensatez.
Por eso vale la pena prestar atención al manifiesto que ha elaborado la Fundación Hay Derecho en el que denuncia el deterioro de nuestras instituciones y propone un decálogo de 10 medidas para desmontar un modelo cada vez más partidista y clientelar, alejado del buen gobierno institucional que describe nuestra Constitución.
Tráiler del largometraje documental “Polarizados” (2023), de estreno próximo. Dirigido por el periodista y politólogo Fran Jurado, participan en él 34 analistas, periodistas, académicos y politólogos: Pablo Simón, Arcadi Espada, Félix Ovejero, Juan Soto Ivars, Ricardo Dudda, Juan Claudio de Ramón, Edurne Uriarte, Fernando Vallespín, Elisa de la Nuez, Enrique Gil Calvo, Guillermo del Valle, Ramón González Férriz, Miguel Ángel Quintana Paz, Luis Cueto, Luis Miller, Fran Carrillo, Rebeca Argudo, Aurora Nacarino-Brabo, Daniel Bernabé, Gabriel Colomé, Joaquim Coll, Josep Burgaya, Iñaki Ellakuría, Steven Forti, Astrid Barrio, Fernando Sánchez Costa, Juan Milián, Olga Ruiz, Teresa Freixes, Enric Marín, Josep Maria Castellà, Berta Barbet, Loola Pérez y Ana Isabel Ruiz.
Los presupuestos se pueden prorrogar, pero sin estabilidad parlamentaria y con mal resultado de ERC en las generales, Aragonès tendrá complicado prolongar su débil presidencia
En la envenenada dinámica política española, ese préstamo de votos del PP al PSC no encajaría bien. No es imposible, pero sí improbable. Ojalá me equivoque, pues el regreso de Trias a la alcaldía es un sarcasmo para Barcelona.
La foto de las superillas es bonita, apela a las emociones, a los buenos deseos, evoca el sueño de vivir en un pueblo, pero destroza la función estratégica del Eixample y genera nuevas desigualdades. La prueba es que será imposible seguir extendiendo el modelo superillas hasta convertir todo el distrito central en un área peatonal sin que la movilidad y la economía de la ciudad colapsasen. Emoción o estrategia, de eso van estas elecciones.