En definitiva, la pretensión de poseer el derecho de decidir unilateralmente la relación de Cataluña con el resto de España (una relación, por definición, excluye la unilateralidad) no puede sostenerse razonablemente al no poder fundamentarse en una hipotética situación de sojuzgamiento colonial ni nada que se le parezca, pese a los histriónicos rasgamientos de vestiduras por supuestos expolios fiscales, que casi nadie se atreve ya a esgrimir —aunque seguramente puede haber margen para aumentar la equidad en este punto—, o por las declaraciones extemporáneas (o así consideradas por parte interesada) de tal o cual ministro, o por decisiones del gobierno central tan tremendamente lesivas para la “cohesión social” de Cataluña como ¡aumentar el número de horas de lengua castellana en primaria de dos a tres semanales!
[Este artículo recoge el parecer de la ASEC/ASIC sobre el denominado «derecho a decidir»]
Rebelión (20.09.2016)