¿Y por qué no un cupo también para La Moraleja?

El ‘cupo catalán’ es expresión del argumento de la secesión de los ricos, que rechaza contribuir a la redistribución y a la solidaridad interterritorial

A finales de los años 80 se creó una comisión gestora para la segregación de La Moraleja del ayuntamiento de Alcobendas. Para poner en contexto la propuesta de independencia, conviene hacer dos aclaraciones.

La primera, La Moraleja es el barrio más rico de toda España con bastante diferencia. La paradoja viene servida cuando se constata la realidad de desigualdad del municipio al que pertenece, Alcobendas, donde el 1 % de sus contribuyentes acumula, aproximadamente, el 27 % de la renta de toda la localidad.

Las diferencias son acentuadas si uno compara la renta per cápita de la Moraleja con la de otro barrio de Alcobendas, Valdelasfuentes, con una diferencia de más del 300 %.

La segunda aclaración es la que nos permite escudriñar, tirando de hemeroteca, cuáles eran los argumentos que se utilizaron para aquella propuesta de secesión. Un vecino, sin identificar, se expresaba sin tapujos:

«El Ayuntamiento de Alcobendas nos asa a impuestos y nos presiona con (…) sus descarados intentos de quedarse con lo que es nuestro».

Las quejas de los vecinos de este barrio de ultrarricos tenían que ver con los impuestos que pagaban y los pocos servicios que recibían. La periodista Rebeca Arroyo, coautora del libro Micronacionalismos, que incluye un capítulo sobre el intento de secesión de La Moraleja, explicaba así una constante en todo proceso de secesión de los más ricos:

«Las razones económicas tienen un peso importante en cualquier movimiento nacionalista (…). Cualquier distrito de una ciudad puede sentirse agraviado respecto a otro por la falta de servicios, pero los impuestos no se cobran por vivir en La Moraleja, sino por renta, no veo claras las razones para querer independizarse. Por esa regla de tres cualquier distrito de renta alta podría pedir la independencia»

Varias décadas después, la música sigue sonando familiar y de máxima actualidad. La secesión de los ricos copa la agenda política, aunque ya no vaya de barrios, sino de regiones y Comunidades Autónomas.

Las justificaciones, sin embargo, se parecen como dos gotas de agua. No hace falta más que acudir al acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC para comprobarlo:

«Catalunya -se dice en el texto- es un contribuyente neto al sistema de financiación de acuerdo con el nivel de renta de sus ciudadanos y a su vez, es necesario que reciba un nivel de financiación e inversiones suficiente».

Y añade: «Catalunya ha sufrido un problema de infraejecución de inversiones en materia de infraestructuras que ha comportado que, en términos de inversión real, se encuentre por debajo del lugar que le correspondería en relación a sus necesidades reales».

De nuevo, el cuento de las balanzas fiscales a escena. Los más ricos se quejan de un presunto agravio que no es más que expresión de insolidaridad y pretensión de independizarse de la redistribución que lleva aparejada la pertenencia a una comunidad política. «Pagamos mucho», «recibimos poco». Como confesaba crudamente aquel vecino anónimo de La Moraleja.

La penúltima propuesta del independentismo catalán busca establecer un cupo para Cataluña, al modo del régimen fiscal especial que ya tienen el País Vasco y Navarra.

No hace falta recordar que el cupo vasco y navarro es un ejercicio de opacidad y cálculo sesgado de la cuantía que País Vasco y Navarra pagan al Estado central, una vez recaudan todos sus impuestos, por la prestación de servicios que reciben.

Más allá del cálculo opaco y sesgado que finalmente les garantiza no contribuir a la redistribución ni a la solidaridad interterritorial, el propio régimen de concierto económico vasco y convenio navarro es lo que se envidia desde los otros independentismos, con idéntica justificación económica.

La pregunta que late una y otra vez es la que se hacían los vecinos de La Moraleja a finales de los años 80: ¿por qué debemos contribuir con nuestros impuestos a sufragar a los más pobres? ¿Por qué no podemos quedarnos con lo que nos pertenece?

El abc del pensamiento neoliberal más reaccionario e individualista está en el trasfondo de la secesión de los ricos. Una enmienda a la totalidad al bien común y a la redistribución de la riqueza. Es la típica justificación libertaria-plebiscitaria, según la cual cualquier grupo de individuos libremente podría ejercitar su derecho a decidir separarse de sus vecinos.

Es lo que se intentó precisamente en La Moraleja. Es lo que siguen intentando algunos, entretejiendo la patraña de las balanzas fiscales (que nunca se dibujan entre Barcelona y Gerona porque ambas pertenecen a la «nación identitaria elegida», sino que se proyectan con «los de fuera», ya saben, entendiendo por tal cosa a los españoles de Zaragoza, allí donde se sueña levantar otra frontera) con la libertad de elegir el futuro democráticamente.

Sin embargo, esta justificación plebiscitaria, la misma que defienden economistas como Juan Ramón Rallo cuando plantean un separatismo neoliberal, hace aguas por todas partes si uno maneja un concepto mínimamente de izquierdas de la nación común.

Cuando unos cuantos individuos se separan para preservar su riqueza y no repartir, cuando se produce la secesión de los ricos, no se están marchando las personas, sino que están haciéndolo con una parte del territorio que no les pertenece en exclusiva a ellos.

No es una propiedad privada, sino que se trata del territorio público compartido. Esa secesión altera la propiedad común, priva a los más pobres de recursos y riqueza, es un ejercicio manifiesto de insolidaridad.

Pedir un cupo para Cataluña, digámoslo alto y claro, es una propuesta muy de derechas porque destrozaría la redistribución y, con ella, pondría en grave peligro el maltrecho Estado social.

Una propuesta así la suscribirían pensadores como Hayek y Von Mises. La han defendido economistas como Rallo, Lacalle y Cabrillo, defensores de la independencia fiscales de los ricos.

Coherentemente, por cierto, porque rezuma antisocialismo. Es la negación de la unidad de justicia y redistribución. Esto es, de las implicaciones básicas de una nación política para todos los que somos de izquierdas.

En el fondo, nada de lo expuesto hasta el momento es extraño. Parece razonable que los más ricos de entre los ricos, aquellos vecinos de La Moraleja, sintieran un agravio fiscal a la hora de pagar impuestos para redistribuir con sus vecinos menos favorecidos.

Ese mismo razonamiento se utiliza para, en palabras de Rufián, quejarse de que, con sus impuestos, los catalanes tengan que sufragar el comedor de los primos de Jaén (el acrónico ERC, convendremos, es una de las bromas más macabras de la Historia política de España: desde el pistolerismo de los hermanos Badía, represores de obreros, pasando por el golpismo fascista de Dencás, hasta llegar al cupo neoliberal de Aragonès, copia de aquel del burgués Artur Mas).

Nada especialmente distinto hay en la cantinela del España nos roba y sus balanzas fiscales, y en el Roma nos roba con el que Umberto Bossi pretendió la independencia de la Padania, al frente de la formación ultraderechista la Liga Norte. Hoy, rebautizada como la Liga, el partido de Salvini cohabita en el gobierno ultra de Meloni y, al tiempo que fomenta un identitarismo xenófobo con los inmigrantes, plantea una reforma del modelo territorial con nombre revelador: «autonomía diferenciada».

Viene a ser, de nuevo, la instauración de asimetrías territoriales y económicas que rompen la solidaridad interterritorial y la igualdad dentro de la comunidad política. De nuevo, políticas de extrema derecha impulsadas por formaciones de extrema derecha.

¿Dónde radica entonces la más insoportable paradoja? Que el único lugar y momento en el que la secesión de los ricos y la más infame insolidaridad se presenta como «de izquierdas», como condición indispensable para ser de izquierdas, es la España de 2024.

¿Y por qué no un cupo para La Moraleja, compañeros?

El Español (31.03.2024)